Uno de los grandes conflictos sociales y económicos a los que tuvo que hacer frente la II República fue la cuestión agraria. Con el objetivo de solucionar esta problemática el gobierno promulgó la Ley de la Reforma Agraria (1932).
Esta ley consistía en expropiar, a cambio de una indemnización por debajo del precio real de la tierra, tierras de labor que no estuvieran directamente trabajadas por el propietario, con el objetivo de distribuirlas y asentar a jornaleros en régimen de arrendamiento para que las trabajaran.
En Gallur, durante la primera parte de la década de 1930 hubo una profunda crisis económica debido a la caída en la producción de la remolacha y una crisis agrícola. El principal sindicato con sede en la localidad, la U.G.T., presentó unas bases de trabajo. Las demandas exigidas por la U.G.T. no fueron aprobadas, pero tras reunirse los representantes sindicales con la Asociación de Propietarios de Gallur, se alcanzó el acuerdo de celebrar un reparto de lotes de tierras entre los habitantes con menos recursos, el sorteo tuvo lugar el 31 de agosto de 1932.